¡Cerco tributario! Hacienda te comienza a geolocalizar; una medida nunca antes vista que viola todos los derechos de privacidad en España

El proyecto de geolocalización planteado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España se comenzó a aplicar, lo que implica un control de la ubicación de los dispositivos móviles de los contribuyentes con la finalidad de asegurarse de que las empresas de telecomunicaciones pagan los impuestos en el país.

En octubre de 2018 se aprobó en primera discusión la llamada tasa de Google y la ley contra el fraude fiscal, lo que permitirá al estado generar nuevos ingresos por la publicidad en línea. Es decir, el gobierno coloca un impuesto a las grandes transnacionales tecnológicas en diferentes sectores. Ahora bien, el resultado no ha sido el esperado, ya que en el primer periodo de aplicación solo se recaudó el 25% de lo estimado, 240M€ de los 968M€ que aspiran recibir.

Hacienda comienza a geolocalizar a los españoles

El impuesto de las Transacciones Financieras y la tasa Google se comenzaron a cobrar en España en 2021. Eso implica que desde ese momento las multinacionales tecnológicas que generen ingresos mínimos de 3M€ tienen que pagar un 3% en impuestos por la publicidad digital que realicen.

Para lograr el objetivo, Hacienda obliga a las compañías a localizar los dispositivos de sus clientes, valiéndose de la dirección IP o algún otro instrumento de geolocalización que permita determinar la ubicación en la que se encuentra la persona. Ante esta decisión, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) afirma que hay ciertos criterios que no son fáciles de aplicar y que determinadas obligaciones de información son excesivas.

En 2021, los contribuyentes permitieron a Hacienda recaudar más de 11.000M€

Aunque este seguimiento no afecta el bolsillo de los usuarios, si interviene en sus datos privados. Pero, esto tiene un marco jurídico legal, lo que permite a Hacienda espiar si así fuera necesario para evitar el fraude fiscal. Lo que se ha dejado claro desde el comienzo es que la medida será temporal, por lo menos hasta que se llegue a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Los números presentados por el portal Expansión, refieren que en los primeros meses de vigencia, con esta ley se le ha hecho seguimiento a 216 plataformas digitales que realizan operaciones que rondan los 8.000M€ y es un paso previo para la aplicación de un nuevo modelo en el que se obligará a los establecimientos comerciales a enviar en tiempo real los tickets que emiten a sus clientes, para determinar si cumplen con los trámites legales.

La “tasa Google”; la excusa de Hacienda para cruzar todos los límites

Muchos piensan que estas medidas son la excusa perfecta de los gobiernos para saber los movimientos de los ciudadanos y aplicar control tanto dentro como fuera del territorio. Está claro que la legislación permite realizar este tipo de seguimiento con fines regulatorios, pero se podrían cruzar algunos límites que violen la privacidad y seguridad de los datos personales.

La idea es que los datos recabados queden en manos de la empresa que realiza el seguimiento. Con ellos, deben calcular la cuantía del impuesto a pagar. Pero, deberán resguardarlos por si en algún momento son solicitados por Hacienda, ya que aseguran desde el gobierno que no tienen la capacidad de geolocalizar a la ciudadanía en los actuales momentos, a pesar de que utilizan big data y métodos avanzados de inteligencia artificial.

En la actualidad, más del 50% de los españoles usan un teléfono móvil.

También la legislación establece que ese seguimiento de localización de los dispositivos puede ser asignado a terceros y el informe debe incluir la cantidad de veces que se visualizó un anuncio en los móviles dentro del territorio español y después informar los métodos, tecnologías y algoritmos utilizados.

Sin embargo, este no es el único método de geolocalización que se utiliza en España. Meses atrás, Sanidad también aplicó un plan similar para controlar la veracidad de la información aportada por los usuarios durante el confinamiento. En ese momento se comenzó a denunciar que esas acciones violaban la protección de datos, que pueden ser mal utilizados más adelante.

Alistair Alexander, miembro de la ONG Tactical Technology Collective, manifiesta que es frecuente que las empresas tengan acceso a los datos privados y ahora es que las personas entienden las implicaciones que eso tiene. Pero la realidad es que cada vez se imponen nuevas medidas, de las cuales muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta o en otros casos tienen que simplemente conformarse con aceptarlas.

¿Hay alguna forma de evitar el “corralito”?

De esta medida de geocalización o seguimiento por parte de la hacienda española es prácticamente imposible que se escapen los ciudadanos, porque las grandes compañías tienen acceso a las direcciones de los móviles y pueden saber el tiempo que se vio un contenido o en este caso una publicidad. No solamente eso, ahora cuentan con el visto bueno de las autoridades.

Pero, también puede afectar económicamente, ya que existe la posibilidad real de que las empresas trasladen los costos de los nuevos impuestos a los consumidores. Todas las compañías tienen sus propias normas y políticas comerciales, por lo que todos los gravámenes que pagan van distribuidos a lo largo de la cadena, de forma tal que afecte en lo mínimo los ingresos previstos para cada periodo.

Por el momento, se espera ver el futuro que tendrá este impuesto. Ya algunos países han expresado su deseo de no aplicarlo porque el éxito de recaudación no fue el esperado en España, decisión que ha sido aplaudida desde Estados Unidos y afirmaron que si esto ocurre retirarán las amenazas arancelarias.