¿Podría pasar en España? En Gales, cientos de familias han sido desalojadas de sus hogares por “culpa” de Airbnb y el negocio de alquileres de corto plazo

Buena parte de los propietarios de inmuebles para alquiler cambian la tendencia en Gales y prefieren que sus casas sean utilizadas con fines vacacionales, debido a que el dinero es seguro y no tienen que preocuparse por los pagos de los inquilinos. Por eso, firman convenios con Airbnb, especialmente en las zonas de gran afluencia turística.

Pero, esto tiene un impacto negativo en las personas que no pueden adquirir una casa propia, como lo refleja un reporte publicado en el diario The Guardian, en el que se palpan las vivencias de familias que durante años vivieron en alquiler y ahora han recibido un ultimátum de los dueños, en el que les indican que tienen que abandonar el inmueble.

En Gales están desalojando a cientos de familias por “culpa” de Airbnb

Uno de los ejemplos citados en el amplio reportaje del periódico británico es el de Houston, quien vivía en el pueblo de Dinorwig en una cabaña de cuatro habitaciones.

La propietaria del inmueble le avisó con seis meses de anticipación que tenía que desalojar, ya que lo que ganaría con Airbnb cuadruplicaba la renta mensual que ella pagaba. Cuenta que nunca se había retrasado en el pago y que le gustaba la vida que llevaba junto a sus dos hijos en este lugar.

Pero resulta que este pueblo es uno de los lugares más turísticos de la región y cada año atrae al menos 600.000 turistas, por lo que la demanda de habitaciones crece a diario. El paisaje se compone de picos escarpados, colinas, lagos espejados y hermosas cascadas.

Es una localidad rica en historia y donde se refleja por todos lados la cultura galesa. Sin embargo, para los que no tienen una casa propia, encontrar una en alquiler ha sido una tarea casi imposible.

Houston cuenta que comenzó la travesía en lugares que estaban un poco abandonados, pero en todos lados le rechazaban la solicitud. En algún sitio le sugirieron que pagara por adelantado un año de renta, sin embargo sus ingresos no le permitían darse ese lujo. Así que les tocó vivir varios meses en un incómodo alojamiento de emergencia hasta que el consejo de Gwynedd les ofreció una casa más cómoda.

Según Ab Lago, uno de los responsables de vivienda del consejo, todos los días recibe llamadas de personas que necesitan que se les resuelva el problema y ya tiene un listado de 3.800 que reclaman solución. Además, asegura que no hay suficientes casas disponibles y las que se consiguen tienen precios que superan las 300.000 libras esterlinas. En esos momentos aprovechan los grandes inversionistas para hacer nuevas adquisiciones y sacarles provecho con el turismo.

¿Debe el gobierno galés tomar medidas contra estos desalojos?

Desde el gobierno han tomado algunas medidas para frenar la intención de los propietarios de inmuebles de incluirlas como casas de alquiler de Airbnb. Por ejemplo, se decretó un impuesto del 100% a las segundas viviendas para limitar el traspaso, sin embargo los dueños le han buscado la solución y las convierten en pequeñas empresas, por lo que pagan tarifas muy por debajo a la que estipula el municipio debido a su denominación.

El primer ministro de Gales, Mark Drakeford, presentó varias reformas en cuanto a la planificación. En este caso se obliga a solicitar un permiso si se quiere cambiar la denominación de la vivienda y los propietarios tienen que pedir una autorización para operar como miembros de Airbnb. Eso es un reconocimiento del problema, pero para muchos analistas no es la solución definitiva.

Según un informe proporcionado por el consejo de Scarborough, desde 2017 hasta el 2022, la disponibilidad de viviendas ha bajado de 25 a 6. Y la situación no se ve solamente en lugares hermosos o de amplia demanda turística.

Se asegura que la cantidad de hospedajes disponibles en Londres por parte de Airbnb se cuadruplicó en un espacio de cuatro años, lo que disminuye las opciones de alquiler a largo plazo.

Por ello el gobierno ha decidido lanzar una consulta pública en la que se indique cual es la mejor forma de equilibrar los alojamientos turísticos con las viviendas que necesitan los locales. Las conclusiones se conocerán el 21 de septiembre, mientras tanto se aplican nuevas normas de impuestos que ayuden a regularizar la situación.

Pero los propietarios se aferran a su postura y aseguran que más que el tema del dinero es el problema de tener malos inquilinos. Un consultado aseguró que tuvo una persona que duró 14 meses sin pagarle la mensualidad, razón por la que asegura que no alquilará a tiempo completo en la medida que sus casas se terminen de desocupar.

¿Podría pasar algo similar en España?

Todos estos problemas pasan por vacíos en las legislaciones. Cada país tiene sus propias regulaciones en la materia. Desde su fundación, 800 millones de personas han utilizado los servicios de Airbnb, que al final de cuenta es una alternativa a bajo costo para los viajeros que quizá no pueden pagarse un hotel durante largos periodos.

Según datos de 2019, España es el tercer país en el mundo donde Airbnb tiene mayor actividad y un gran impacto económico con 5.421 millones de euros anuales. Aún así, las grandes ciudades trabajan en varias regulaciones para tomar medidas fiscales y elaborar normativas especiales que frenen el aumento de precios inmobiliarios y la desaparición de los alquileres convencionales.

Por ejemplo, en Barcelona se han implementado normas muy estrictas para garantizar que las viviendas de alquiler a corto plazo cumplan con las regulaciones locales. Los interesados deben colocar en el anuncio el número de registro y presentar una declaración responsable que tiene un costo de 227 euros.

En la capital catalana, hay un estricto límite de 12 pisos de arriendo por cada 1.000 habitantes, según datos obtenidos antes de 2020.

En Madrid también es obligatorio el registro de cualquier apartamento de alquiler, además de presentar la declaración responsable en la que se indica que se cumple con la legislación vigente. Hace un par de años se presentó el Plan Especial de usos del Hospedaje, con el que se debe solicitar una licencia para ejercer la actividad.