Los empleados de Google quieren mantener tus búsquedas sobre el aborto en el anonimato absoluto

En una carta firmada por unos 600 empleados y enviada al director general de Google Sundar Pichai, el sindicato minoritario que forma parte de la compañía solicita que se refuercen las medidas de seguridad y la protección de datos de las búsquedas relacionadas con el aborto que realizan las personas.

La organización llamada Alphabet Workers Union, agrupa a 1.000 de los 60.000 empleados que tiene Google en todo el mundo, aunque han luchado por todos los medios para ganar más espacio y formar parte de las decisiones importantes que se toman con los trabajadores. La solicitud llega en un momento en el que los Grupos Provida de la Unión Americana han aumentado de forma significativa el dinero que pagan al gigante por concepto de anuncios publicitarios.

Trabajadores de Google exigen una protección de datos sobre búsquedas relacionadas al aborto

El debate sobre la interrupción del embarazo forma parte de la cotidianidad de muchas personas de los Estados Unidos y en medio de la polémica, varias organizaciones que defienden la vida han pagado altas sumas de dinero a la campaña de anuncios de Google para persuadir a las mujeres de que no aborten. Esa situación ha molestado a algunos empleados de la compañía tecnológica.

Es así como enviaron una misiva a la gerencia solicitando entre otras cosas que se deje de almacenar los datos de las búsquedas que realizan los usuarios relacionadas con la salud y que después podrían utilizarse para criminalizar a los involucrados. Piden que estos informes se borren y no se entreguen a la policía u otros cuerpos de investigación en caso de que sean solicitados.

Hay que recordar que a finales del mes de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos suprimió de la constitución el derecho al aborto. Antes, algunos estados conservadores aplicaron restricciones hasta que finalmente se decidió ilegalizarlo.

En su momento, el Presidente Donald Trump se mostró contrario a la práctica y nombró a varios de los jueces que fueron determinantes en esta decisión.

Los expertos sostienen que proteger la seguridad de los usuarios al momento de realizar búsquedas en internet significa aplicar avanzadas soluciones tecnológicas, y además limitar la cantidad de información que las empresas recopilan de sus afiliados.

Jackie Singh, director de Surveillance Technology Oversight Project, resalta que una medida que pueden implementar las trasnacionales es activar el cifrado de extremo a extremo y dejar de almacenar datos. Pero va más allá al sugerir la importancia de una ley nacional que regule la materia.

Una petición con connotación política a sus espaldas

Además de la acción de protección de datos, los involucrados en la protesta solicitan a Google que detenga el cabildeo político, ya que estos fueron los responsables de nombrar los jueces que dictaron la histórica sentencia contra el aborto. Además, aseguran que ellos violan los derechos humanos. La compañía no dio ninguna respuesta sobre el particular al ser consultada.

Los demandantes aseveran que las empresas tienen que involucrarse en recuperar la institucionalidad democrática y que estas decisiones vuelvan a la gente. Aseguran que deben presionar a los políticos para que exista un sistema en el que no prevalezca la influencia indebida y rescatar de esa forma los valores republicanos que se encuentran perdidos.

El cabildeo ha formado parte de las políticas de gasto de las grandes empresas tecnológicas. Un estudio de los grupos de campaña Corporate Europe Observatory y LobbyControl concluyó que 600 firmas gastan unos 97.000.000 de euros para que se aprueben algunas leyes económicas en Europa. La mayor cantidad la invierte Google con 5,75, seguido muy de cerca por Facebook con 5,5 y Microsoft con 5,25.

Pero hay regiones que son más rígidos con el tema del aborto. En Oklahoma se aprobó un decreto de ley que lo prohíbe teniendo una votación 70-14. Se colocan penas de hasta 10 años de prisión a un médico que lo realice en cualquier momento del embarazo y se espera que la tendencia se repita en los 26 estados conservadores después que el máximo tribunal diera la sentencia.

Un dato adicional que se debe aportar es que tres de los seis magistrados que dictaron la sentencia fueron designados durante el mandato del presidente Trump, sin embargo, esto se suma a las propuestas que ya tenían varias ciudades para prohibir la práctica lo antes posible.