¡Adiós privacidad! El consejo de la UE quiere quitar el cifrado a todos los ciudadanos europeos este año

A finales de enero, en Estocolmo, la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea, en conjunto con todos los ministros de Justicia e Interior europeos, dieron a conocer un nuevo interés de seguridad de los estados: romper el cifrado de los ciudadanos europeos. En el documento emitido tras concluirse el debate, mencionan que existe “la necesidad de enfoques efectivos para la comunicación cifrada”, lo cual es sinónimo de romper el cifrado de extremo a extremo en la UE. El principal motivo de esto, es que ayuda a los delincuentes a permanecer en el “oscurecimiento”.

Para las autoridades europeas, oscurecerse significa que una comunicación se ha movido a un canal de comunicación privado, donde el monitoreo es prácticamente imposible. Por lo tanto, el cifrado de extremo a extremo permite que los usuarios logren proteger su comunicación de las escuchas, de manera que los delincuentes pueden cometer sus delitos al asegurar que las fuerzas del orden público no detecten ni intercepten sus ataques. Sin embargo, esta medida viola la privacidad de todos los europeos.

La UE quiere quitar el cifrado a todos los europeos

En los últimos tiempos, los políticos han señalado las comunicaciones privadas como peligrosas para la seguridad del Estado. Es por ello que son numerosos los gobiernos que aseguran que el orden público debe tener acceso a la comunicación digital, para así protegerse contra el terrorismo, el abuso sexual infantil y cualquier otro tipo de amenazas.

En consecuencia, a finales de enero, la presidencia sueca del Consejo de la UE inició un nuevo capítulo de “Crypto Wars” o, en su defecto, “Guerras Criptográficas”. En el marco de una reunión realizada en Estocolmo, en compañía de todos los ministros de Justicia e Interior de Europa, llegaron a la conclusión de que el aumento del uso del cifrado permitiría que las fuerzas del orden fueran “ciegas y sordas” ante los ataques perpetrados por medio de apps de mensajería.

Tal y como advierten, esta tecnología admite el oscurecimiento que consiste en la posibilidad de mover una comunicación de un canal público a un canal de comunicación privado, con el objetivo de protegerlo de las escuchas y lograr que el monitoreo sea imposible. Así el cifrado ayudaría a que cada vez más delincuentes abusen de los servicios digitales para cometer delitos como: violaciones en línea, abuso sexual infantil, fraude cibernético, ataques a infraestructuras criticas o ataques de ransomware, por ejemplo.

Entonces, bajo el uso de un servicio digital que proporcione cifrado de extremo a extremo, los atacantes poseen una herramienta de relevancia para instigar, proyectar y cometer delitos, al igual que albergar mercados ilegales y delictivos. De esa manera, las fuerzas del orden público no tendrán la potestad de detectar ni interceptar sus comunicaciones, por lo que para los delincuentes resulta fácil “oscurecerse” en estas circunstancias.

Aunque en el documento emitido por la presidencia sueca de la Unión Europea no mencionan explícitamente la medida de “romper el cifrado de extremo a extremo”, lo cierto es que hacen referencia a esta con los siguientes términos: “existe la necesidad de enfoques efectivos para la comunicación cifrada”. De ese modo, podrán resguardar la prevención, investigación, detección y/o enjuiciamiento de delitos.

“Las preocupaciones antes mencionadas resaltan la necesidad de discutir el acceso a los datos de las comunicaciones como una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para asegurar la protección de las víctimas de delitos y amenazas a la vida pública”.

Un fragmento del documento emitido por la presidencia sueca de la UE.

No obstante, tanto los expertos en seguridad como los activistas de la privacidad en Europa, discrepan esta medida. Para ellos, el hecho de romper el cifrado es sinónimo de destruir la seguridad de todos los ciudadanos en el continente. Así enfatizan que prohibir el cifrado de extremo a extremo es imposible, ya que este puede programarse fácilmente con un código que cabe en una hoja de papel.

Según Patrick Breyer, diputado al Parlamento Europeo, el supuesto término de “ir a la oscuridad” demuestra que los ideólogos de la vigilancia no descasarán hasta destruir toda la privacidad de intimidad de las personas, con el fin de invadir todos los espacios seguros existentes. Con sus planes de romper el cifrado seguro, los gobiernos de la UE están dispuestos a sacrificar la seguridad general de las redes públicas y comunicaciones privadas, por deseos de vigilancia a corto plazo.

“Debilitar el cifrado y ponernos a todos bajo sospecha general, amenaza con destruir tanto la seguridad como la privacidad. Esto pone en riesgo a personas las que dependen de canales de comunicación seguros y abre la puerta a los servicios de inteligencia extranjeros y piratas informáticos”.

Patrick Breyer, diputado al Parlamento Europeo.

Aunque los políticos proponen la prohibición del cifrado para seguir luchando con el terrorismo y resguardar a los niños, todo parece indicar que se trata de una medida para tomar el control de los ciudadanos. Hoy en día, las sociedades libres y democráticas dependen del cifrado tanto como lo hacen del derecho a la privacidad y la libertad de expresión, pero los gobiernos de la UE están dispuestos a acabar con ello.

La UE y la Hacienda Española; los expertos en violar la privacidad de los europeos

En España, también se han propuesto otras medidas que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas. Tal es el caso de lo que ocurrió en julio de 2022, cuando la Hacienda Española comenzó a geolocalizar a los ciudadanos, una medida nunca antes vista que viola todos los derechos de privacidad en España. Lo cual, inició en 2018, una vez se aprobó la llamada “Tasa de Google” y la Ley Contra el Fraude Fiscal, para que el gobierno español pudiera percibir impuestos de las grandes transnacionales tecnológicas en diferentes sectores.

El Ministerio de Hacienda de España autorizó el rastreo de los dispositivos móviles de los clientes, con el objetivo de que impedir que las Big Tech puedan recurrir a la evasión fiscal y, en su lugar, establecer que paguen un 3% de los ingresos obtenidos dentro del territorio español. Entonces, para percibir estas ganancias, los ciudadanos deben someterse a un constante espionaje, que viola su privacidad con aparentes “fines regulatorios”.

Los datos recabados queden en manos de la empresa que realiza el seguimiento, quienes deben calcular la cuantía del impuesto a pagar. Sin embargo, tienen el deber de resguardarlos por si en algún momento son solicitados por Hacienda.

Más allá de sus beneficios económicos y de control, este tipo de medidas son la excusa perfecta de los gobiernos para conocer los movimientos de los ciudadanos, al igual que vigilar qué hacen dentro y fuera del territorio. Todo esto, con base en lo que insta la legislación, ya que aprobaron efectuar dicho tipo de seguimiento, independientemente de que cruce algunos limites que atentan contra la seguridad de los datos personales.