¡Rompiendo la ley! La Marina de USA es demandada por una empresa de software que le acusa de piratería

El Tribunal de Reclamaciones Federales declaró culpable a la Marina de Estados Unidos después que la empresa Bitmanagement Software GmbH los acusara de violar derechos de autor al utilizar uno de sus programas sin la debida autorización. Ahora tendrán que pagar la multa que se les impuso por este acto irregular.

Aunque el uso de software ilegal es común para algunas personas y es una batalla constante que libran las grandes compañías, hay quienes imaginan que las organizaciones gubernamentales no utilizan estas técnicas. Pero tras esta acusación judicial queda en evidencia que hasta el Ejército ha caído en las redes de la piratería informática.

La Marina de USA es demandada por piratería de software

En la demanda que presentaron en los tribunales, GmbH sostuvo que la Armada estadounidense violó los derechos de autor al instalar en miles de ordenadores un visor 3D que permite observar con la última tecnología diversos tipos de imágenes. El uso se realizó sin comprar las respectivas licencias que tenían un costo cada una de 1,067€.

U.S. Navy Forced to Pay Software Company for Piracy https://t.co/kQUyBwAwkW pic.twitter.com/hyn6cx4tIM

— Gizmodo (@Gizmodo) November 23, 2022

En el primer proceso llevado adelante en 2016, la compañía mostró evidencia que el software se instaló en 558.466 ordenadores en el periodo comprendido entre 2013 y 2015. Por esa razón, en la demanda solicitaron una compensación de 600 M€. La Armada se defendió en un comunicado en el que expresan que ellos obtuvieron un programa para 38 equipos que daban la potestad de copiar las licencias.

Los alegatos de la compañía mostraron que los software adquiridos no daban derecho a instalarlo en equipos adicionales, por lo que el juzgado determinó que la Armada violó los acuerdos del contrato. Sin embargo, no concedieron la petición de 600 M€, sino que tras consultar a un experto, llegaron a la conclusión que el costo de cada copia asciende a 200€, por lo que obligaron a pagar la cifra de 154.000 €.

Si bien la compañía tenía la intención de sacar la mayor cantidad de dinero por este delito, al final solo se quedaron con una pequeña parte de las aspiraciones. Con esta experiencia queda claro que lo mejor es utilizar el software legal, en especial las grandes organizaciones, pues cualquier detección de uso fraudulento puede acarrear una cuantiosa multa.

No es la primera demanda para la armada y el ejército estadounidense

Hay varios casos en los que el ejército de Estados Unidos se ha visto involucrado en problemas relacionados con el uso ilegal del software. En 2013, la empresa Apptricity demandó por daños y perjuicios al considerar que las herramientas que vendieron a su principal cliente se habían instalado en una gran cantidad de ordenadores adicionales que no estaban previstos en la licencia. Fue una situación incómoda en su momento, debido a que desde la presidencia se adelantaba una campaña contra el uso indebido de la propiedad intelectual.

La indemnización solicitada por la empresa fue de 224,5 M€, aunque después de la conciliación terminaron por pagar 50 M€. Según un reporte de la época del diario Dallas Morning News, las autoridades militares adquirieron tres licencias de rastreo para ser utilizadas en tres servidores y algunas terminales, pero fueron instaladas en 98 centrales y más de 11.000 ordenadores, lo que desató la inconformidad de los dueños de la aplicación.

Un poco más adelante, en 2016 el diseñador de barcos David Giles denunció que se había robado un proyecto de su propiedad para un carguero y se convirtió de forma ilegal en un buque militar. Presentó su demanda ante el Tribunal Federal de Reclamaciones con el respaldo de un científico norteamericano. La compañía Fastship sostuvo que poseían la patente, aunque detuvieron la construcción por los elevados costos que implicaba.

La situación se produjo después que la Armada rompiera relaciones con Fastship y presentará una nave con características muy parecidas a la que había elaborado el propio Giles. Las acusaciones fueron rechazadas de inmediato por las autoridades militares, quienes aseguraron que el proyecto pudo haber sido creado por cualquier otro ingeniero.

Al final, la situación resulta contradictoria. Mientras por un lado se crean legislaciones para proteger a los desarrolladores, creadores y empresas para evitar que otros tomen ilegalmente sus contenidos o hagan dinero de manera ilegítima, hay instituciones que no se detienen a pensar en la forma como estas acciones dañan su reputación y credibilidad ante el mundo, en especial en estos tiempos donde la comunicación es inmediata.