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Los gobiernos estudian todos los días formas de regular y controlar el dominio que tienen las grandes empresas tecnológicas en el mundo. Leyes innovadoras, junto a multas de miles y hasta millones de euros, buscan detener este fenómeno, que según un reporte del diario The Guardian, ha sido imposible de frenar.
Son cientos las denuncias que se encuentran en diversos portales de usuarios que se quejan del abuso de poder de la industria de la tecnología. Pero también se les acusa de competencia desleal, de promocionar información falsa, de utilizar los datos personales sin consentimiento y de evadir millones de euros en impuestos. Las grandes fortunas que amasan y la influencia en la opinión pública, las colocan en una posición superior a la de muchos organismos reguladores.
Los gigantes tecnológicos se vuelven imposibles de controlar para los gobiernos
El informe del medio The Guardian cita como principal referencia a un denunciante llamado Mark MacGann, quien se presentó ante los diputados en el parlamento europeo para referirse a la forma sistemática en que Uber ha violado las leyes vigentes en muchos países. Asegura que este tipo de empresas cuentan con un poder casi ilimitado que pone en riesgo la justicia social a la que tienen derecho las personas. Se refirió a muchas de las irregularidades que se presentan en el trato a los conductores, a quienes no se les reconocen las reivindicaciones laborales.
Tech firms becoming ‘too big to govern’, says Uber whistleblower https://t.co/A1si2dKpm7
— The Guardian (@guardian) November 2, 2022
MacGann piensa que es el momento para que las instituciones den un paso al frente y coloquen en su lugar a quienes están haciendo daño con sus prácticas comerciales sucias. Relató que Uber presionó a los conductores y magnificó sus acciones violentas, además de engañar a la policía para que actuara en contra de la competencia. Todo lo respaldó con 124.000 documentos clasificados a los que tuvo acceso el diario inglés.
El denunciante fue enfático al afirmar que, por el momento, los gobiernos pierden la batalla en su afán por regular las tecnológicas, debido a que algunas son demasiado grandes para ser sometidas. Dijo que aunque algunos se han pronunciado contra redes sociales como Facebook e Instagram, todavía la lista es pequeña, con lo que dejó entrever que hay muchas violaciones graves que se han cometido que no han sido juzgadas de la forma correcta o que no se han hecho públicas.
Hay proyectos recientes que avanzan en esa dirección. Uno de ellos es la Ley de Servicios Digitales que entró en vigencia desde el 1 de noviembre en el territorio de la Unión Europea. Con ella se busca eliminar el monopolio que ejercen las transnacionales al obligar a sus clientes a instalar aplicaciones predeterminadas en sus dispositivos. Por otro lado, en el Reino Unido se quiere aprobar un proyecto de seguridad en línea para luchar contra la propagación de información dañina en las redes sociales. Si cumplen con su misión se habrá dado un paso importante.
Los gobiernos piden a expertos que expongan la corrupción de los grandes tecnológicos
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Los casos con pruebas en mano que se han denunciado son pocos. Muchos rumores corren sobre las políticas incorrectas que tienen las grandes empresas, pero los expertos no se atreven, no quieren o simplemente no pueden declarar en contra de sus patronos. Esa es la última solicitud que han hecho los gobiernos, que quienes están dentro y manejan un gran cúmulo de información importante y trascendente, la hagan pública para que se tomen acciones que sirvan de ejemplo.
MacGann piensa que no es necesario aparecer en público o dar la cara para denunciar lo que ocurre. Pero si alguien ve que las cosas que su lugar de trabajo no se manejan correctamente, lo más apropiado es alzar la voz y colocarse al frente de las investigaciones. Argumenta que callar es un peso que se llevará en la conciencia durante muchos años, porque se convertirían en cómplices de las malas acciones.
La concentración de poder en las industrias tecnológicas es evidente. Algunos concentran capitales económicos similares a los de países enteros, por lo que al final tienen influencia en las decisiones que se toman en los parlamentos. Un estudio presentado hace un tiempo refleja que 147 firmas trasnacionales controlan un 40% de las riquezas del mundo y por lo visto esta repartición se mantendrá a lo largo de los años y hasta es probable que se incremente.
No es nuevo que las grandes empresas quieran valerse de su poder para incumplir las legislaciones vigentes. En el momento que comienzan las presiones para que se cumplan con las condiciones, aparecen los sobornos a las autoridades, bien sea en efectivo o con regalos para que los dejen tranquilos. En algunos lugares, las leyes se han comenzado a endurecer y se juzga por igual a quienes ocupan cargos importantes y se dejan manipular por dinero. Sin embargo, es un fenómeno destructivo global lo que limita que se actúe con la misma intensidad.
Un duro aviso lo dio el gobierno de China al declarar que arreciarán la campaña regulatoria con la finalidad de frenar el aumento descontrolado de capitales. Dijeron que han descubierto diversos modos de soborno y manipulación de acciones. Se solicita a las empresas que realicen investigaciones profundas antes de aceptar fuentes de financiamiento, para así evitar que se les abran averiguaciones penales que a la larga terminen en la aplicación de sanciones.
Por ello, la medida que ha parecido más correcta es invitar a los expertos financieros de las empresas a que denuncien las irregularidades que observen y de las que tengan pruebas. Ellos están cerca, ven los hechos en primera persona y pueden ser colaboradores en la lucha contra la corrupción y la violación frecuente de las leyes. Por ahora, habrá que esperar que aparezca otro denunciante valiente como el ex empleado de Uber citado en este post.